Enredando

Seguridad Social: Las profecías autocumplidas sobre la quiebra del sistema

Diagonal, n.º 20, enero de 2006, p. 35

Pedro Montes

La reforma de las pensiones supone otro de los ejes de la actual negociación entre CCOO, UGT, las patronales y el Gobierno sobre aspectos centrales de la economía como las relaciones laborales y la protección social. El Ministro de Trabajo, Jesús Caldera, introdujo interesadamente la óptica gubernamental este verano al pronosticar la quiebra de la Seguridad Social para 2015 “si no se acometían las reformas necesarias”. Así quedaba servida la actual propuesta de retrasar la edad de jubilación y aumentar, una vez más, la base de cálculo para fijar la cuantía de la renta.

Las pensiones llevan mucho tiempo en el punto de mira de los gobiernos, sin muchas diferencias por el color ideológico. Con frecuencia, y recurrentemente en cada país, se desatan campañas demostrando la inviabilidad del sistema de pensiones, para lo cual se cuenta con el factor tiempo como comodín: la crisis es inevitable, si no es ahora, lo será dentro de 10 años, 20 o a mediados de siglo. Lo importante es dejar sentado, con un afán de previsión digno de mejores causas, que si no hay reformas (entiéndase recortes) la catástrofe final está cantada. En los últimos tiempos, además, ya no se trata de este o aquel país, sino de que la intención de reducir las pensiones y al mismo tiempo elevar la edad de jubilación afecta a los más importantes países de la UE, como una ofensiva general contra un pilar básico del Estado de bienestar.

Se comprende fácilmente el afán reformador en este tema. Las pensiones representan una parte sustancial del PIB, más del 12 % de media en la UE, apenas el 10 % en nuestro país, por lo que todo cambio tiene una repercusión sensible en la distribución de la renta entre salarios (las pensiones son salarios diferidos) y plusvalía (beneficios empresariales). Por otro lado, son una parte no desdeñable de los costes de producción, en forma de cotizaciones sociales y, ante la competencia sin límites que impone la globalización, en particular en la UE, se ha creado una enorme presión para disminuirlos, como vía para defenderse cada economía. Por lo demás, ideológicamente, el neoliberalismo está interesado en resaltar lo individual frente a lo colectivo, en minimizar económicamente al Estado y en despreciar la seguridad a favor de la precariedad: un buen sistema explotador debe ser cuanto más inseguro mejor.

La ofensiva, como se decía, es general. En el caso de nuestro país, alejado como se estaba de los patrones de protección europeos, el PSOE, ya en 1986, se sintió en la obligación de llevar a cabo una primera reforma de las pensiones que consistió en elevar de dos a ocho años el período de cálculo para fijar la base reguladora de la pensión (el sueldo de un trabajador medio será más alto en los últimos años de vida laboral). El PSOE se ganó una primera huelga general convocada por CCOO, pero resistió y siguió adelante con sus designios.

Casi una década después se firmó el famoso Pacto de Toledo, un acuerdo de la práctica totalidad de las fuerzas políticas y los sindicatos para evitar, cómo no, la crisis de la Seguridad Social. Sus recomendaciones pasaban por dar un gran impulso a los planes de pensiones privados (para quienes pueden pagárselos), por compartimentar las cuentas de la Seguridad Social, como si fuesen algo distinto y separables de las del Estado, para así poder manipularlas e insistir en el déficit, y por propiciar que la determinación de la base reguladora de la pensión se ajustase lo máximo posible a la contribución a lo largo de la vida de los trabajadores.

El pacto fue desarrollado por el primer Gobierno del PP, sin resistencia alguna, como si se tratase de un paseo militar, y en 1997 se impuso un nuevo recorte de las pensiones por la doble vía de aumentar de 8 a 15 años el período de cómputo y de reducir el porcentaje de la base reguladora que corresponde según los años de cotización para los trabajadores que hubieran contribuido entre 15 y 25 años. Cada pensionista es un caso particular, pero se llegó a estimar que la nueva ley suponía rebajar las pensiones futuras, como media un 7 %.

Posteriormente se ha negociado una nueva renovación del Pacto de Toledo, con el respaldo de CCOO (IU dio una abstención positiva). El Gobierno de Zapatero, diligente, ya ha puesto sobre la mesa del “diálogo social”, un proyecto de reforma laboral y un proyecto de reforma de la Seguridad Social. Del primero, el sector crítico de CCOO ha dicho que, de implantarse, el derecho del trabajo quedaría enterrado en nuestro país. El segundo tiene como objetivos prolongar la edad de jubilación, endurecer las condiciones de acceso a las pensiones y, cómo no, alargar los años de cómputo, para lo cual se creará un Observatorio de la Seguridad Social que “vigilará la relación entre aportaciones y prestaciones para garantizar la sostenibilidad del sistema”.

Poder adquisitivo: Desde 1998, la vinculación de las pensiones a las subidas de precios ha aportado a los pensionistas 17.000 millones de euros, pese a las reformas del PP para evitar que ese saldo se disparara.

¿Quién cobrará la pensión?

Como es sabido, el principal argumento utilizado para justificar las reformas de las pensiones es el envejecimiento de la población (se dan a conocer profundos estudios de muchas instituciones dirigidos por sesudos economistas). Con el tiempo se concluye que cada trabajador activo tendrá que soportar a más pensionistas. Es un hecho que se registra un envejecimiento real, como resultado venturoso de prolongarse la esperanza de vida, pero en lugar de acomodarse el sistema a esos cambios, la lógica capitalista intenta amargar este avance a los trabajadores. Con la engañosa compartimentación de las cuentas públicas, se llega fácilmente a la conclusión de que el sistema de la Seguridad Social entrará en crisis en el futuro si no hay reformas, pero esto es un modo falso y engañoso de presentar el problema, pues caben muchas alternativas, la más simple: reforzar la capacidad de redistribución del sistema aumentando el porcentaje de las pensiones sobre un PIB que no deja de crecer. La disparidad que existe entre los países demuestra que esto es plenamente viable.

La conclusión política es inmediata: primero, los sindicatos y la izquierda en general no deberían permitir nuevos recortes de las pensiones ni prolongar la edad de jubilación y segundo, hay que exigir una mejora significativa de las pensiones más bajas que están por debajo de los niveles de subsistencia.

Realmente, el problema acabará siendo otro: si habrá suficientes pensionistas en el futuro. Lo que está en juego verdaderamente no es el sistema de pensiones públicas sino el desastre social que se producirá cuando los jóvenes, y ya no tan jóvenes, actuales lleguen a la jubilación y no tengan derecho de pensión con el paro desorbitado que han tenido que soportar a lo largo de su vida laboral y la precariedad de sus empleos. Los estudiosos, los planificadores sociales, tienen ahí una cuestión seria para investigar y un problema social de envergadura para resolver.

(Enviado por TANTI)