Enredando

Mobilizaciones de jovenes
Albert Recio

En el aletargado panorama social de la era Zapatero, han aparecido nuevas fórmulas de movida juvenil. Como las concentraciones en diversas ciudades en demanda de una vivienda digna. O el discurso de los “mileuristas” que denuncian una situación dominada por salarios bajos, precariedad del empleo y alto coste de la vivienda.

Uno de los aspectos recurrentes en todas estas “movidas” es el uso de los nuevos medios de comunicación —internet y móviles— como forma de comunicación y convocatoria

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La ministra Trujillo (la de vivienda, sí) no para de meter la pata, una y otra vez, y no parece tener freno alguno.

Su última ocurrencia seguro que ya la conocéis, las famosas zapatillas "Kelifinder", de la que ya han salido interesantísimos sucedáneos como este.

Pero en realidad, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es que simplemente la ministra socialista es muy torpe? Algunos creemos que no, que la cuestión es que el Gobierno Socialista no tiene ni puñetera idea de qué hacer en materia de vivienda; bueno igual sabe lo que hay que hacer, pero no se atreve.

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Iñaki Urkiza y Aitor Lafuente, los concejales de Ezker Batua Berdeak de Getxo, con el respaldo de la Asamblea Local, y el apoyo técnico del Gobierno Vasco a través de sus empresas públicas, han presentado un Plan para reordenar urbanisticamente de forma radical los 6 sectores de Andra Mari, en Getxo.

Para hacernos una idea del cambio, el actual Plan General preve construir en las 250 hectáreas de Andra Mari 2.173 viviendas, de las cuales, el 43% son unifamiliares, y sólo el 27% son de Protección Oficial.

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¿Para que sirven las instituciones públicas si no atienden ni emprenden investigaciones que tiendan a depurar responsabilidades judiciales y administrativas contra los especuladores urbanísticos y las mafias inmobiliarías?

Los ciudadanos nos preguntamos si sirven para algo eso de tener instituciones como la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Anticorrupción o esa cosa que llaman Fiscalía de Medio Ambiente, pues la corrupción y los delitos ecológicos, ambientales y urbanísticos siguen produciéndose de manera indiscriminada y constante.

¿Qué hace el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Justicia?

¿Para que sirven las instituciones públicas si no atienden ni emprenden investigaciones que tiendan a depurar responsabilidades judiciales y administrativas contra los especuladores urbanísticos y las mafias inmobiliarías?

Frente a la información que viene distribuyendo el Ayuntamiento, Ecologistas en Acción y la 'Plataforma M-30 No Más Coches' se han reafirmado en su argumentación de que las obras de la M-30 son ilegales, como demuestran los procesos judiciales y administrativos abiertos contra su tramitación y ejecución, así como los dictámenes motivados emitidos por la Comisión Europea, afirma el colectivo.

Según un comunicado de la Plataforma, para justificar que las obras de la M-30 no necesitan evaluación de impacto ambiental, el Ayuntamiento viene divulgando una sentencia antigua que sólo responde a un recurso presentado por una comunidad de propietarios de Puerta de Hierro, en las obras correspondientes al Proyecto Norte de la M-30. Sin embargo, existen varios recursos contenciosos administrativos en trámite por esta misma razón (la demanda presentada por Izquierda Unida en los juzgados de Madrid y el recurso recientemente admitido a trámite de Ecologistas en Acción).

Por su parte, la Comisión Europea, ya en diciembre de 2002 y precisamente a raíz de un proyecto que promovía Ruiz-Gallardón desde la presidencia de la Comunidad de Madrid -los proyectos urbanísticos en la Operación Chamartín, sin evaluación ambiental- la CE hizo público un dictamen motivado informando al Reino de España sobre la incorrecta aplicación de la Directiva Europea al eximir de Informe de Impacto Ambiental a un proyecto por tratarse de una zona urbana (Dictamen sobre la infracción 2001/5061 firmado por Margot Wallström).

Frente a la pretensión del Ayuntamiento que insiste en no considerar necesaria la evaluación de impacto ambiental por ser la M-30 una vía urbana, "la Comisión entiende que, sobre la base de una apreciación global, no puede considerarse que los proyectos de urbanización [.] realizados en zonas urbanas no sean susceptibles en ningún caso de tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente, especialmente teniendo en cuenta que el artículo 3 de la Directiva menciona entre los factores que deben considerarse a la hora de evaluar el impacto ambiental de un proyecto el ser humano, la fauna y la flora, así como los bienes materiales y el patrimonio cultural. Así, la Comisión considera que es razonable pensar que este tipo de proyectos pueden tener efectos significativos en el medio ambiente, entendido éste en el sentido amplio que le otorga la Directiva 85/337/CEE, bien sea por el aumento de tráfico, ruido, contaminación, por su impacto en el patrimonio artístico o por cualquier otro motivo. Por esta razón es exigible que, en los citados casos, las autoridades competentes determinen si la ejecución de tales proyectos puede provocar efectos significativos en el medio ambiente y, en caso positivo, los sometan a una evaluación de conformidad con lo establecido en los artículos 5 a 10."

La realidad, frente a lo que la Plataforma califica de "potente propaganda del Ayuntamiento", es que estas obras tienen dos expedientes abiertos en la Comisión Europea motivados por la exención de Informe de Impacto Ambiental (2004/2080 y 2005/4483). Asimismo los vecinos recuerdan, que el Ayuntamiento ya ha tenido que hacer frente a cuatro expedientes de carácter grave por infracciones medioambientales cometidas en las obras.

Para la Plataforma, tanto la Comunidad de Madrid como el Ministerio de Medio Ambiente están incumpliendo conscientemente sus obligaciones ya que, como recoge el dictamen citado, "corresponde a las autoridades del Estado miembro adoptar las medidas necesarias para que los proyectos sean examinados con el fin de determinar si pueden tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente y, en caso afirmativo, para que se sometan a un estudio de su impacto ambiental".

La Plataforma exige la participación activa de la Fiscalía de Medio Ambiente que, a día de hoy, "no ha dado muestras de cumplir sus obligaciones de salvaguardar el marco legal que protege a los ciudadanos de los abusos de poder en materia de salud pública y medio ambiente".

Finalmente la Plataforma expresa su deseo de exponer sus argumentos a la comisión de parlamentarios europeos que, posiblemente, hoy mismo decidan acudir a Madrid a analizar in situ la situación de las obras y su ajuste a la normativa europea."

(Enviado por TANTI)